Fortalecer los Derechos del Contribuyente
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La discusión del proyecto de ley de cumplimiento tributario en el Congreso se ha centrado en aspectos como la sede de la calificación de la elusión, la figura del denunciante anónimo y el secreto bancario, entre otros. Sin embargo, lo que está subyacente a este debate es la discusión sobre los derechos del contribuyente.
Dichos derechos están consagrados en el artículo 8 bis del Código Tributario, e incluye el ser atendido en forma cortés, diligente y oportuna por parte del SII, que las actuaciones del SII se lleven a cabo sin dilaciones innecesarias y que se presuma que el contribuyente actúa de buena fe.
Existen propuestas que actuarían como contrapesos relevantes a la hora de ampliar las atribuciones de la autoridad tributaria,
Hace unos días el Colegio de Contadores envió una carta al ministro de Hacienda solicitando incluir en el listado de derechos el de no pagar más que los impuestos correctos, tal como lo establece la legislación estadounidense. Se pide también garantizar el derecho al error del contribuyente, haciendo primar el principio de la buena fe. Incluso se pide el silencio positivo, para así fortalecer el derecho a la atención diligente y sin esperas injustificadas.
Otra medida que vendría a fortalecer los derechos de los contribuyentes sería otorgar mayor autonomía a la autoridad tributaria respecto del gobierno de turno, para evitar el riesgo de decisiones arbitrarias. En este aspecto existen diferencias relevantes con otros países -entre ellos, España, Reino Unido, Australia, Canadá, Dinamarca, Suecia e Irlanda-, donde la autoridad tributaria goza de plena independencia, al tener un gobierno corporativo robusto formado por expertos. A ello se suma la necesidad de dar mayores atribuciones y competencias a la Defensoría del Contribuyente en la defensa judicial, como se observa en otros países.
Las propuestas descritas actuarían como contrapesos relevantes a la hora de ampliar las atribuciones de la autoridad tributaria, y por tanto son muy pertinentes cuando entran en juego dos intereses legítimos y transversales: la protección de los derechos de los contribuyentes y la recaudación tributaria sostenible.
